En el marco del desarrollo del proceso de construcción de normas, la educación es uno de los grandes temas que se comenzarán a debatir en las próximas semanas al interior de la Convención Constitucional. En este contexto, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile CUECH ingresó dos propuestas de normas a la Plataforma de Iniciativa Popular habilitada para recibir ideas emanadas desde la ciudadanía.

Las normas presentadas apuntan hacia dos grandes objetivos: una, a la consagración del derecho a la educación pública, gratuita y transversal; y la otra, a la descentralización del sistema y la búsqueda de una relación de trabajo colaborativo entre los planteles públicos y otros organismos estatales.

En palabras del Presidente del Consorcio, Ennio Vivaldi, “La nueva Carta Magna es un oportunidad inigualable para que la educación pública recupere el lugar central que le fue arrebatado por la dictadura. Estas dos iniciativas, para las cuales pedimos el apoyo de la ciudadanía, apuntan a fortalecer la educación pública y a respaldar el trabajo que las universidades del Estado hacen por el país”

La primera propuesta de norma está directamente relacionada a la consagración de derechos fundamentales en el texto constitucional y busca que éste establezca de forma concreta y explícita el derecho a la educación superior pública, gratuita, laica y de calidad. Según lo expuesto, este derecho debe materializarse a través de la provisión gratuita de educación en un conjunto de instituciones estatales financiadas mayoritaria o completamente mediante aportes basales del Estado.

La segunda norma presentada se enfoca en un ajuste estructural que requeriría la orgánica de educación superior, garantizando la existencia de al menos una universidad estatal por cada región del país, así como el fomento de una relación preferente de las Universidades del Estado con las demás instituciones públicas.

Desde el Cuech, la Directora Ejecutiva Alejandra Contreras señala que “estas propuestas de norma apuntan no sólo a resolver un problema de acceso y calidad, que es un reclamo ciudadano que lleva décadas; sino también a redefinir el rol de las universidades del Estado en el contexto de crecimiento y desarrollo del país impulsado por la nueva Constitución”

Ambas propuestas fueron ingresadas esta semana y para lograr formar parte del debate oficial de la Convención y ser votadas, necesitan reunir -al menos- 15 mil firmas cada una. Contreras enfatiza en la urgencia que este apoyo ciudadano requiere: “son dos normas absolutamente fundamentales para la consagración del derecho a la educación en la nueva constitución, y alcanzar las firmas es el primer paso hacia esa garantía”.

 

El plazo para conseguir dicho apoyo finaliza el próximo 1 de febrero.